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Los ingresos fiscales son la principal fuente de financiación de un país. Se trata de la forma de proveer a las Administraciones públicas de recursos para hacer frente a las necesidades públicas de los ciudadanos del país.

Los impuestos son aquellas cantidades de dinero que los ciudadanos pagan a dichas administraciones, para que estas dispongan de los recursos necesarios para financiar las necesidades públicas.

Se trata de una forma efectiva de redistribución de la riqueza, ya que en teoría aportan más los que más tienen. Gracias a los impuestos los gobiernos hacen frente a los gastos públicos que deben poner al alcance de todos los servicios básicos como los servicios de salud, justicia, salud, transportes, etc. Visto la importancia de los impuestos para un país podemos entender también la importancia de la evasión fiscal, destinada a defraudar.

La evasión fiscal reduce los ingresos del Estado, ya que supone unos menores ingresos para éste que podrá por lo tanto invertir menos en servicios públicos como hospitales y otros servicios de salud, colegios, transportes, etc.

Además, la evasión supone que los que sí pagan impuestos paguen más, ya que para afrontar o mantener los servicios públicos los que no defraudan deberán pagar impuestos suficientes para “cubrir” la parte defraudada.

Para colmo, la evasión fiscal hace que esta misma aumente, ya que los ciudadanos pierden la confianza en el “sistema” y son cada vez más reacios a cumplir con sus obligaciones fiscales. Las cifras son alarmantes. Según Oxfam cada año los países en desarrollo pierden más de 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes empresas multinacionales, debido tanto a la evasión y elusión fiscal, como a los incentivos discrecionales concedidos a algunas grandes empresas.

Aunque es difícil cuantificar cuánto dinero se defrauda, también desde Oxfam afirman que hay unos 7,6 billones de dólares de patrimonio financiero individual ocultos en paraísos fiscales. Si los beneficios que generan tributaran, los Gobiernos recaudarían 190.000 millones de dólares más al año. Se trata de una cifra muy alta si la comparamos con el PIB anual de los países desarrollados y que supera los PIB de la gran mayoría de ellos.

España

En España según una encuesta realizada por el CIS en 2012, el 48% de los españoles consideran que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, pero la gran mayoría cree que reciben menos de lo que paga y desconfía den la gestión del Estado.

La imagen de la Administración en este punto es muy negativa, ya que la mayor parte de los españoles cree que los impuestos no son justos y que existe mucho fraude fiscal en los partidos políticos, las empresas y los ricos, y que la Administración no los combate lo suficiente.

Lo cierto es que los datos les dan la razón. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) los españoles defraudan cada año al menos 20.000 millones de euros en el impuesto del IRPF, más del 1,7% del valor del PIB en España, mayoritariamente por rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos) de declarantes que tienen capitales en el extranjero sin declarar.

El fraude por IVA e Impuesto de Sociedades supone aproximadamente cada año la misma cifra, luego el fraude total supone aproximadamente 40.000 millones de euros, es decir entre el 3,5% y 4% sobre el PIB.

Las cifras barajadas por el informe El avance del fraude en España durante la crisis, publicado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira y Virgili, indican que hay más de 253.000 millones de euros ocultos para la hacienda pública en España, casi siete puntos porcentuales más que en 2008.

En este tiempo la economía sumergida se ha incrementado en 60.000 millones de euros según este mismo informe, que también afirma que el 95% de los españoles cree que la corrupción está generalizada en el país frente al 76% de media en la UE.